Más allá de estadísticas e índices económicos con los que se solazan los políticos y que registran la aparente evolución del país, los verdaderos parámetros de desarrollo pasan por otras variables que están signadas por la calidad: fundamentalmente la calidad de la educación, y la calidad de vida, reflejada por el poder adquisitivo de la población.
Analizado nuestro país desde estos parámetros, la involución nacional es dramática. Y cuando hablamos de educación, no hacemos distingos entre la educación pública de gestión oficial o privada, porque ambas sufren la consecuencia de la carencia de un Plan Estratégico Nacional, quedando las comunidades educativas (docentes, alumnos, padres), abandonados a su suerte.
Tomemos por ejemplo a la ciudad de Buenos Aires, como caso testigo.
- Sabemos que el 50% del alumnado porteño es absorbido por la educación privada.
- El presupuesto 2005 recientemente aprobado, es el mismo del año anterior (1.386 millones de pesos).
- Más de un 85% de esa cifra va a la educación de gestión oficial, y el resto, para subvencionar casi exclusivamente a la educación de gestión privada, pero confesional.
- No hay ninguna política concreta de apoyo a la educación, mientras que otras actividades sí la reciben, con desgravaciones impositivas para incentivar su desarrollo.
- Los colegios no son empresas económicas lisas y llanas, porque ante todo tienen un compromiso social: la formación integral de los futuros ciudadanos: son organismos sociales antes que económicos.
- No existe en el mundo un colegio de excelencia académica y educación de avanzada, que se mantenga exclusivamente con los aranceles escolares, que apenas alcanzan para el “día a día”.
- La Secretaría de Educación, al no tomar ninguna medida de raíz, brilla por su ausencia, adscripta a la política del “que quede todo tal cual”, de modo de que la gestión siga sin grandes sobresaltos, hasta terminar su mandato. Así fue la gestión Filmus en la ciudad, repetida ahora dolorosamente a nivel nacional. La gente del ambiente educativo, sabedora de la capacidad profesional del actual Ministro de Educación, se sorprende por esta evidente inacción. Todos se preguntan: ¿Filmus habrá quedado acorralado por un gabinete nacional donde más allá de lo discursivo, la revolución educativa que el país necesita no está entre sus prioridades?
¿Qué conclusiones podemos sacar en primera instancia?
- La educación privada le “ahorra” al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de 1.200 millones de pesos anuales, al derivar a su ámbito a la mitad del alumnado capitalino.
- Las instituciones educativas no confesionales, que en sus comunidades plurales admiten alumnos de cualquier credo, no reciben ningún tipo de subvención o apoyo estatal, a pesar de ser emprendimientos donde sus fundadores han puesto todo su capital intelectual y económico para contribuir a una actividad fundamental para transformar el país.
- En los últimos cinco años, solamente en la ciudad de Buenos Aires, han desaparecido casi un centenar de estos colegios de gestión privada, que no subvencionados y sometidos a presiones abusivas de la AFIP (que los considera “grandes contribuyentes”), no tienen más remedio que cerrar sus puertas definitivamente.
- La Secretaría de Educación es un ámbito burocrático que consume en su área administrativa buena parte del presupuesto, y que más allá de las expresiones de deseos, poco y nada hace por mejorar la educación en los términos de un cambio de base.
- La Legislatura no avanza con los proyectos de defensa de la autonomía institucional de las escuelas, y ni siquiera tiene en carpeta proyectos de apoyo específico a la educación que sí tienen por ejemplo los organismos económicos privados para fomentar sus exportaciones.
- El Gobierno se preocupa por contar con una Ley de Educación Sexual, pero no se percata de que ni siquiera tiene una Ley de Educación.
A fuer de ser sinceros, tampoco está instalado en la sociedad el tema de la educación como prioridad nacional. Salvo los llamados de atención de capacitados educadores y pedagogos cuyas reflexiones aparecen con cierta asiduidad en los medios de comunicación, los argentinos evidenciamos una inacción para peticionar a nuestros mandatarios un cambio educativo que nos aleje de las miserias físicas y morales que se abaten sobre nuestro país y sus habitantes, y que se expresan no sólo por el estado de abandono en que se encuentra la educación oficial y privada, sino también en el deterioro educativo generalizado, reflejado por ejemplo, en el habla de los argentinos y en los gustos culturales que expresa el rating televisivo.
¿Y entonces, qué hacemos?
Si queremos realmente pensar en la posibilidad de tener un país digno de vivir, se impone la concreción de un Pacto Social Educativo, donde todos: sociedad, gobierno, empresas, medios de comunicación, se impongan el compromiso de involucrarse verdaderamente en un proceso de transformación educativa nacional, que implique recuperar el objetivo de la escuela, que es educar integralmente a los alumnos, capacitar continuamente a los docentes y orientar a las familias, mientras que ahora, y particularmente en el ámbito de escuelas de gestión oficial, la actividad pasa prioritariamente por atender necesidades de alimentación, higiene, cuando no temas relacionados con la violencia y las adicciones.
Los fondos públicos salen de los bolsillos de la gente, y deben volver a la gente, en este caso, transformados en educación para todos. ¿Cuál es el Plan Estratégico Nacional en materia de educativa? Un No-Plan, también es un Plan. Se puede hacer política por acción, inacción u omisión. Los resultados del No-Plan están a la vista: docentes mal pagos y peor capacitados para un mundo con escenarios en continuo cambio y exigencias de recursos intelectuales cada vez mayores, alumnos con lenguaje soez que se multiplica didácticamente en la caja boba de la TV y cuyas posibilidades de inserción laboral en el futuro serán casi nulas, colegios privados que desaparecen inexorablemente hostigados por los propios organismos oficiales como la AFIP, en un gobierno que ni siquiera ha pensado en implementar políticas de apoyo a la labor cultural y educativa de gestión privada. Desde el gobierno, a las actividades petroleras se las incentiva, a muchas actividades relacionadas con la exportación se las protege, a muchas actividades deportivas se las defiende. En cambio a la educación laica de gestión privada, se la ataca impositivamente y se la destruye sin que a nadie se le mueva un pelo.
Retemos a nuestra imaginación. Pensemos que Sarmiento redivivo se hace cargo hoy mismo del Ministerio de Educación. Imaginemos su vehemencia y su puño lleno de verdades. Deduzcamos su bronca y su dolor por el estado en que se encuentra la educación del país de quien fuera considerado “El maestro de América”. Supongamos su actitud ante la inacción gubernamental en su ahora relegada tarea de educar al soberano. ¿Quién quedaría a salvo de su aluvión moral, de su crítica despiadada, de su condena sin concesiones? ¿Los actuales gobernantes? ¿Los gobernantes pasados? ¿Los empresarios? ¿Los medios de comunicación? ¿La sociedad misma, que sabe defender sus derechos a cacerolazo limpio cuando le tocan el bolsillo, pero no lo sabe hacer cuando la condenan a un futuro lastimoso por no exigir a sus empleados (los gobernantes) que la Educación sea prioridad?
¡Sarmiento, volvé!
